La Corte reconoce que la desaparición forzada es una violación grave de derechos humanos que vulnera los derechos a la libertad, integridad personal, a la identidad, a la vida y trastoca profundamente a su familia y entorno más cercano, no solo desde el aspecto emocional sino de sus propios proyectos de vida.

Se determina que se debe aplicar el estándar establecido por organismos internacionales de Derechos Humanos, y ordena realizar las acciones de localización de las personas desaparecidas bajo la presunción de vida, lo cual permite tener derecho a la verdad y acceso a la justicia.

Se establece que las autoridades de Amparo determinen medidas que reparen el daño a las personas desaparecidas y su entorno más cercano, como: restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición y compensación.

Se concluye también que la política pública de búsqueda se debe promover con la cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado, con acceso irrestricto y sin previo aviso a todos los lugares donde podrían encontrarse las personas desaparecidas, incluidas las instalaciones militares.

Respecto de las personas desaparecidas, se ordena a la SEDENA publique los avances de la investigación con la protección de datos que corresponda y la Fiscalía deberá solicitar a la Comisión Nacional de Búsqueda un grupo interdisciplinario para buscar a las dos personas.

También se resuelve que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá cuantificar el monto de la compensación.