Se determinó que los artículos del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que regulan el sistema del estado de interdicción, son contrarios a la Constitución Política y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También se refirió que el sistema de interdicción impide a la persona con discapacidad tomar sus propias decisiones conforme a sus deseos y preferencias, lo cual además trasciende al ejercicio de otros derechos humanos. En el caso en concreto, la resolución tanto del juzgado como de la Sala, no le permitían realizar actividades de manera directa, por lo que su mamá tenía que intervenir para autorizar algunos actos.

Se establece que los ajustes razonables se deben realizar para que la persona con discapacidad pueda acceder a situaciones o entornos que no le son accesibles, o bien, para que pueda ejercer sus derechos.

La sentencia además incluye en la primera parte, una sentencia de lectura fácil dirigida a la persona con discapacidad que promovió el Amparo.