Se determinó que tanto la reforma a la Ley General, la Norma Oficial Mexicana (NOM), como las reglas y lineamientos que establecen las disposiciones del etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas eran constitucionales.

Las empresas que promovieron el juicio de amparo, al ser consideradas como personas morales no son titulares de derechos humanos, los que son privativos de los seres humanos, por lo que no podían demandar al Estado Mexicano que las normas del etiquetado se analizaran a la luz de tales principios constitucionales y verificar si se ponían en peligro con su expedición.

Esta regulación no vulnera los derechos al honor, la reputación y la propia imagen, como lo argumentaron las empresas.

El etiquetado frontal en alimentos y bebidas representa un medio de información rápido, sencillo y claro para las personas consumidoras, además de que no regulan la producción y calidad de los productos, los cuales son distribuidos de forma masiva y asequible para todas las personas.

Este etiquetado es una medida pública proporcional pues tiene más ventajas para las personas consumidoras en comparación con las afectaciones que le pudieran originar a las empresas.