La ley estatal dispuso que no era necesario tramitar ante el Municipio la licencia de construcción en el caso de obras públicas que el Gobierno del Estado clasificara “de interés estatal y de gran impacto”, además de que obligaba al Municipio a cambiar sus reglas para incorporar esta excepción, lo cual se declaró inválido porque, en los hechos el Municipio ya no tenía derecho a decidir sobre la autorización de estas obras al gobierno del estado, sin posibilidad de intervenir.

También se precisó que la Ley General Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano define el poder legal que tiene un gobierno local y el municipal en el caso de licencias de construcción, por lo que la modificación a los artículos que realizó el Congreso del estado en la Ley de Obras Públicas de Campeche debe declararse inconstitucional.

Finalmente, se resolvió que uno de los artículos no intervenía en la responsabilidad del Municipio para aprobar licencias de construcción.