Derecho al Medio Ambiente Sano - Comunidades Indígenas
Participación de comunidades indígenas en decisiones que afectan su medio ambiente
Una comunidad indígena del Estado de México presentó un amparo porque construyeron un basurero cerca de sus casas y de una zona protegida. Un juez no quiso revisar el caso, diciendo que la comunidad no probó que eso les afectara directamente. La comunidad no estuvo de acuerdo y pidió que otro tribunal revisara la decisión. Ese tribunal dijo que sí debía analizarse el caso, así que lo envió a otro juez.
¿Quién promovió el amparo?
¿Cómo llegó el asunto a La Corte?
Como el juez original no podía resolverlo por vivir cerca del lugar, otro juez tomó el caso y le dio la razón a la comunidad. Entonces, la empresa y el gobierno del Estado de México pidieron que se revisara esa decisión. Por eso, la ministra Yasmín Esquivel pidió que la Suprema Corte analizara el caso, ya que se trata de los derechos de participación de una comunidad indígena y al derecho al medio ambiente sano.
¿Qué resolvió La Corte?
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Se dijo que las autoridades sí afectaron el derecho de la comunidad a vivir en un medio ambiente sano, porque permitieron construir el basurero sin cumplir con reglas que exigen cierta distancia entre el relleno sanitario, las casas y el agua.
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Se explicó que si los residuos no se manejan bien, pueden contaminar el suelo y poner en peligro la biodiversidad y el agua que usan las personas. Esto porque el proyecto no respetó las distancias que marca la Norma Oficial.
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También se violó el derecho de la comunidad indígena a ser consultada, ya que no se les preguntó su opinión antes de aprobar el proyecto, aunque ellos se autoadscriben como como parte del pueblo Otomí. Esto va contra lo que dice el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege los derechos de los pueblos indígenas.
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La sentencia no aceptó los argumentos de las autoridades y de la empresa, que decían que los daños eran muy pocos y que negaban que la comunidad fuera indígena.
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Por último, se dio un plazo para que la empresa y las autoridades presentaran un nuevo plan a la comunidad, en el que se demostrara que el proyecto respeta las distancias mínimas respecto a las casas y al agua.
