Se debe considerar el derecho a la pensión como parte del derecho al mínimo vital y a la seguridad social, y que las personas mayores tienen múltiples situaciones en su vida que requieren que tengan una protección especial.

En el caso que se analizó, los descuentos que aplicó el banco en la cuenta en la que se depositaba la pensión y que, consideró que se ajustaban al contrato celebrado, constituyen una cláusula abusiva.

Este tipo de cláusulas no pueden ser consideradas válidas, por ello, La Corte refiere que es una carga desproporcionada y violatoria de los derechos humanos.

Estas cláusulas, además, no respetan el ingreso mínimo vital de la persona, con un impacto arbitrario y negativo en sus derechos a la seguridad social y acceso a la justicia para disfrutar de una pensión suficiente y oportuna, la cual tiene un carácter sustitutivo del salario y de derecho adquirido.

Se ordenó al Tribunal Colegiado emitir un nuevo fallo con perspectiva de envejecimiento.