Se determinó que nuestro país es una nación pluricultural y multiétnica, por eso, la forma en que las comunidades y pueblos indígenas se organizan y hacen justicia tiene la misma validez que cualquier otra ley.

Se reconoció que el Siríame es una autoridad con fe pública para certificar hechos como el nacimiento y defunción de las personas, esto garantiza que cada integrante tenga los registros y documentos oficiales.

El derecho a la identidad debe ser fiel al propio sistema de normas de la comunidad, por lo que los nombres y apellidos deben respetar su lengua y cultura; nadie está obligado a usar nombres "castellanizados”.

Se resolvió que la oficina del registro civil del estado de Chihuahua deberá coordinar una campaña para ir a territorio y realizar el registro de nacimientos.

Para el registro de actas de defunción, se respetará la visión del mundo (cosmovisión) de la comunidad, por lo que es suficiente que el Siríame lo reporte.

Finalmente, se resolvió que la sentencia se traduzca a la lengua rarámuri en la variante que corresponda.