Sección 02: ¿Cómo se asigna el presupuesto a la SCJN?

Cada año, la SCJN elabora un proyecto de presupuesto basado en sus necesidades y responsabilidades, que le permita realizar las actividades que, por mandato constitucional, debe cumplir; para ello, la SCJN considera los principios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como los criterios de política económica emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Qué se entiende por autonomía presupuestaria?

Consiste en la autodeterminación y racionalización del gasto de los recursos que considera necesarios e indispensables para su operación, así como su estructura organizacional, de gestión y normativa requeridas para garantizar la impartición de justicia imparcial e independiente y para el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales.

El proyecto de presupuesto elaborado por La Corte es analizado por la H. Cámara de Diputados y, en su caso, aprobado o modificado dentro del proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación.

A continuación, se muestran las etapas por las que pasa la asignación del presupuesto de la SCJN:

¿Puede la SCJN realizar modificaciones al presupuesto que le fue autorizado?

Conforme al artículo 60 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Poder Judicial tiene la facultad de realizar las adecuaciones presupuestarias en sus presupuestos, siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de sus objetivos y metas.

Estas adecuaciones incluyen la posibilidad de realizar ampliaciones con los ingresos generados en el transcurso del año, cumpliendo con lo establecido en el artículo 20 de la ley mencionada.

La asignación del presupuesto es un proceso republicano en el que intervienen los tres poderes de la Unión y en el que, sin duda, todas las partes deben observar los principios, criterios y disposiciones constitucionales y legales que garanticen, por una parte, una utilización eficiente de los recursos públicos y, por la otra, la autonomía e independencia judicial, así como una impartición de justicia pronta, gratuita, completa e imparcial.