Se analizó que la Constitución y los tratados internacionales garantizan que las y los niños reciban lo necesario para vivir bien, por lo que los padres y familiares tienen el deber de brindar una vivienda digna. Por ello, la casa donde viven las infancias no puede verse simplemente como una propiedad que se vende sin asegurar antes que los hijos tengan una igual o mejor.

También se enfatizó que cualquier asunto que sea del conocimiento de los jueces que involucre a las niñas y niños deberá analizarse con el principio de interés superior de la infancia, tomando en cuenta que puede haber asuntos cuya resolución les afecte potencialmente.

En el caso en concreto, se destacó que la persona juzgadora tiene la obligación de revisar si existe un juicio o un convenio sobre la custodia de los niños y el pago de su pensión alimenticia, si hay acuerdo sobre ello y qué uso tienen los inmuebles en beneficio de sus hijos.

Se resolvió también que si no existe un acuerdo previo sobre la pensión y la custodia, el juez debe pedir a los padres que lo resuelvan de manera urgente y preferente, y con esa información dictar una nueva resolución con dos enfoques obligatorios:
Perspectiva de Infancia, para asegurarse que la venta de los inmuebles no deje desprotegidos a los niños.
Perspectiva de Género, para investigar si existen situaciones de desigualdad o violencia económica contra la madre que deban tomarse en cuenta para que la decisión sea justa.

Por lo que se ordenó que el caso se devuelva a la Sala Civil para que emita una sentencia de protección integral al núcleo familiar, asegurando los derechos de ambos hijos, así como la equidad entre el padre y la madre.