Al analizar cómo se había redactado el delito, se concluyó que no estaba descrito con suficiente claridad, por lo que la autoridad podía considerar sin demostrarlo con pruebas que se tenía la intención de cometer un delito en particular.

Por ello, se estimó que la tipificación del “Ciberasedio” era inconstitucional, porque su redacción era ambigua y no permitía saber con precisión qué conductas podían ser sancionadas penalmente.

Esa falta de claridad, es decir, la violación al principio de taxatividad abría la puerta a que se castigaran opiniones legítimas expresadas en el entorno digital. Durante la discusión del asunto, se examinó si verbos como “vigilar”, “intimidar” u “ofender” bastaban para definir la conducta prohibida o si, por el contrario, expresiones como “actos de vigilancia” generaban confusión y no permitían delimitar con precisión la conducta jurídicamente reprochable, especialmente en redes sociales.

Aunque se reconoció que el legislador tiene un margen para crear delitos frente a nuevas amenazas en el entorno digital, también se subrayó que el derecho penal debe ser siempre la última opción y que la ley debe redactarse evitando imprecisiones o el uso de conceptos amplios o abiertos para no castigar conductas esporádicas, vagas o de poca relevancia.

En consecuencia, se invalidó la totalidad del artículo impugnado con efectos retroactivos a la fecha en que entró en vigor el referido artículo.