La Corte confirmó que los colegios particulares tienen el carácter de "proveedores" cuando ofrecen sus servicios de manera habitual a cambio de un pago (colegiaturas e inscripciones). Por lo tanto, están obligados a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Se determinó que la PROFECO es competente para vigilar, investigar y castigar a las escuelas privadas cuando afecten los derechos económicos de las familias. La única excepción es en los asuntos estrictamente educativos o válidos ante la SEP (como planes de estudio o validez oficial).

Se destacó que las personas que inscriben a sus hijos suelen enfrentarse a contratos modelo o reglamentos internos que imponen las escuelas de forma unilateral. La intervención de las autoridades sirve para equilibrar esta relación y evitar abusos comerciales.

Se recalcó que existe una gran desigualdad entre las escuelas privadas y los padres de familia, porque generalmente no se pueden negociar las cláusulas de los contratos de inscripción, por lo que es indispensable la presencia de una autoridad administrativa que evite cobros abusivos o condiciones desproporcionadas.

Se ratificó que las leyes mexicanas otorgan herramientas específicas a la PROFECO para intervenir con mayor fuerza cuando los consumidores de un servicio son niñas, niños o adolescentes, garantizando la protección de sus derechos en sectores vulnerables.