La Corte confirmó que el plazo de 10 días (y la única prórroga de 10 días más) es completamente constitucional. Determinó que el Congreso tiene facultades para diseñar estos tiempos en los procedimientos con el fin de que sean rápidos, oportunos y eficaces en las investigaciones sobre monopolios.

Se determinó que para revisar estas normas no se debe aplicar un examen estricto o un "test de proporcionalidad" complejo. Al tratarse de una regla técnica e instrumental del mercado, basta con un escrutinio ordinario para verificar que la medida persiga un fin legítimo y tenga una conexión lógica con este, respetando la libertad que tienen el Poder Legislativo para adaptar las leyes a las necesidades sociales, culturales y políticas, con respecto a límites y derechos establecidos en la Constitución.

Aunque la ley en sí misma fue declarada válida, la Corte aclaró que la validez de la norma no exenta a las autoridades de actuar de manera razonable. Si un requerimiento de información en concreto es excesivo, absurdo o materialmente imposible de cumplir en el plazo legal, las empresas conservan su derecho de quejarse ante los tribunales.

Se confirmó la resolución del juzgado de distrito, negándose definitivamente el amparo a la empresa. Al quedar pendientes argumentos sobre la legalidad y la imposición de la multa en el caso concreto, el Pleno devolvió el expediente al tribunal colegiado especializado para que dicte la sentencia final aplicable a la sanción.