Se determinó que la resolución del Tribunal Colegiado fue ilegal, pues concluyó que la servidora pública, que al momento de su despido estaba embarazada, tenía una relación laboral con la institución pública con un puesto de “confianza”, por lo que no tenía derecho a la estabilidad en el empleo.

Esto resulta contrario a la protección a la maternidad que establece al artículo 123 constitucional, así como en diversos artículos de tratados internacionales.

También se decidió que se deben pagar todas las prestaciones laborales a las mujeres que sufren este tipo de actos de discriminación, lo cual además de ayudarles a compensar el daño sufrido, puede ayudar a prevenir que se continúen realizando estas prácticas injustas.

Se aclaró que no se omitió analizar el asunto con perspectiva de género, sino que se pudo aplicar de una forma más efectiva para proteger los derechos de las mujeres, y en el caso específico reinstalar a la servidora pública sin importar su tipo de contrato.