Se determinó que la resolución Tribunal Colegiado fue ilegal, ya que, al momento de su despido, la servidora pública estaba embarazada, por lo que, con independencia de la naturaleza de su nombramiento (“de confianza”), tenía derecho a conservar su empleo durante el desarrollo de esa etapa.

Lo anterior, de acuerdo con lo que establece al artículo 123 constitucional, así como en diversos artículos de tratados internacionales, en cuanto a la protección de la maternidad.

También se decidió que se deben pagar todas las prestaciones laborales a las mujeres que sufren este tipo de actos de discriminación, lo cual además de ayudarles a compensar el daño causado, puede ayudar a prevenir que se continúen realizando estas prácticas injustas.

Se aclaró que no se omitió analizar el asunto con perspectiva de género, sino que se pudo aplicar de una forma más efectiva para proteger los derechos de las mujeres, y en el caso específico, reinstalar a la servidora pública sin importar su tipo de contrato.