El derecho a la salud implica el bienestar físico y mental de las personas, como ha sido desarrollado en la Ley General de Salud de nuestro país y en convenios internacionales de derechos humanos, lo que requiere la misma valoración de la salud física y la salud mental, un tratamiento adecuado y completo, así como la entrega de medicamentos inmediata.

También se señaló que los medicamentos deben otorgarse sin discriminación alguna a las personas que lo soliciten, con especial atención a las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, como aquellas con alguna discapacidad.

En el caso en concreto, se señaló que el paciente fue admitido y se le prestó el servicio de consulta externa en el Instituto de salud, por lo que no era válida la negativa al suministro de medicamentos porque el paciente no estaba hospitalizado o bien porque tenía que acudir a otra institución de salud, lo cual constituyó una omisión de brindarle una atención integral.

Asimismo, se señaló que el Instituto no consideró que el paciente tiene un marco jurídico especial de protección por tratarse de una persona con una discapacidad psicosocial o mental.

También se resolvió que, una vez que una persona sea diagnosticada, y se haya resuelto o controlado su problema de salud, se podrá referir a otros niveles de atención de servicios de salud, lo cual debe hacerse con la perspectiva de un modelo social de la discapacidad que proteja la dignidad de las personas, sin discriminación.