Se establece que un niño o niña que sufre una discapacidad tiene el derecho de disfrutar una vida plena con condiciones dignas y de autonomía, por lo que se debe proporcionarle, como parte del seguro por enfermedades y maternidad en el IMSS, los aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y órtesis externas. Estas prestaciones deben ser concedidas directamente por la institución, o indirectamente a través de otros organismos con los que se tengan convenios.

La Corte señaló que la Secretaría de Salud es la institución encargada de elaborar y conducir la política nacional en materia de salubridad general, lo cual incluye la rehabilitación de personas con discapacidad, y le compete coordinar, normar y planear el Sistema Nacional de Salud, que está integrado por todos los organismos -públicos y privados- que prestan servicios en esta materia.

En la sentencia La Corte aplicó el control difuso de constitucionalidad al artículo por el cual las autoridades del IMSS negaron la prestación médica y concluyó que dicho artículo no era compatible con la Constitución ni con las Convenciones sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.