El análisis se centró en determinar si el procedimiento legal denominado jurisdicción voluntaria, era el idóneo para que el juez ordenara la expedición del acta de nacimiento de niñas y niños en los casos de gestación sustituta.

Se citaron los distintos criterios de la Corte sobre gestación sustituta, en el que expresamente se ha determinado que si existen lagunas, esto no debe representar una barrera para garantizar los derechos de las infancias y de la persona gestante.

Se analizó la vía por la cual se hizo el trámite, cuya característica principal es que no se resuelve un conflicto sino que solo se deberá corroborar un hecho.

También se señaló que este procedimiento debe seguir diversas reglas para que sea eficaz, por ejemplo, se deben incluir pruebas como el contrato ratificado ante notario, el seguimiento del embarazo; y se precisó que no se deben admitir calificaciones o estereotipos respecto de ciertos conceptos tradicionales de la familia.

Se resolvió que el procedimiento de “jurisdicción voluntaria” es la vía adecuada para verificar un contrato de gestión sustituta en la Ciudad de México previamente ratificado, para su eventual orden al registro civil de expedición del acta de nacimiento, y que en el caso de que la autoridad detecte alguna anomalía como falta de consentimiento o riesgo de explotación se deberá dar vista al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.