El análisis se centra en que la Ley Nacional de Ejecución Penal reglamenta las condiciones de internamiento y los medios que tienen a su alcance las personas privadas de su libertad para reclamar la falta de cumplimiento por parte de las autoridades penitenciarias, de una decisión de un Juez de Ejecución Penal de otorgar atención médica en el lugar de su reclusión.

De acuerdo con las reglas del sistema jurídico mexicano, el Juicio de Amparo se puede solicitar una vez que los medios que están previstos en las leyes se hayan resuelto por las autoridades que corresponda. Esto se conoce como el principio de definitividad.

Se consideró que tenía que analizarse el asunto con un enfoque diferenciado, ya que las personas privadas de su libertad por su propia situación padecen invisibilización en las instituciones, lo que deriva en vulneración a sus derechos humanos.

Se precisó que, para quejarse por la falta de cumplimiento de la orden de un Juez de Ejecución Penal de, otorgar atención médica a una persona en internamiento, existían dos posibles caminos, promover un recurso de inconformidad o bien, directamente un juicio de amparo indirecto.

Sobre esto último, el criterio que debe prevalecer es aquel que indica que la persona privada de su libertad puede acudir al Juicio de Amparo, sin la necesidad de promover el recurso de inconformidad, pues el Juez de Ejecución Penal es quien debe asegurar el cumplimiento de su resolución, respecto a las condiciones de internamiento.