La Corte sostuvo que el artículo 14 de la Ley Aduanera es válido y que contar con una concesión para operar en aduanas no implica en sí, un derecho ilimitado ni automático para obtener nuevas prórrogas.

El Pleno precisó que dicha disposición legal no se aplicó de forma retroactiva en contra de la empresa, porque respetó las operaciones realizadas en años anteriores; en cambio, las nuevas solicitudes de prórroga son solo expectativas de derecho, que deben ajustarse a las reglas y plazos vigentes al momento en que se presentan.

Se señaló que fijar un tiempo definido para las concesiones en recintos fiscalizados no impide que las empresas participen en el comercio exterior o en la custodia de mercancías, sino que fija las condiciones necesarias para organizar y supervisar estos espacios.

Se reconoció que la ley puede diferenciar entre antiguos permisos directos e indefinidos y el nuevo esquema aduanero, que exige ganar los espacios mediante procesos de licitación pública, pues son dos esquemas comerciales y jurídicos distintos que admiten reglas específicas para cada uno sin afectar el principio de igualdad.

Durante la sesión se recordó que las actividades de manejo, almacenamiento y custodia de mercancías de comercio exterior forman parte del dominio público de la Federación, de modo que las personas concesionarias no ingresan a las aduanas con derechos permanentes, sino mediante una de carácter administrativo sujeto a las necesidades de planeación económica y fiscal del país.