Se reconoce que mujeres y personas gestantes en el Estado de Tamaulipas pueden impugnar leyes contra el aborto aunque no estén embarazadas; solo con el hecho de vivir en dicha entidad.

Se analizó que la decisión de ser madre o no está protegida por derechos a la dignidad, autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que el Estado no puede imponer la maternidad ni usar leyes que discriminen o refuercen estereotipos de género.

También se revisó que la criminalización del aborto no solo castiga, sino que también genera un estigma social que puede provocar trato discriminatorio en servicios de salud. Esto implica también la limitación a la autonomía reproductiva, lo cual pone en riesgo otros derechos como la salud, la vida, la integridad y la no discriminación.

Entre los alcances del derecho a la salud reproductiva se debe incluir la decisión libre sobre el propio cuerpo y el otorgamiento de servicios médicos seguros, accesibles y gratuitos, por lo que las autoridades tienen la obligación de garantizar estos servicios sin obstáculos ni prejuicios.

En este sentido, es inconstitucional priorizar la protección de la vida desde la concepción por encima de los derechos de las mujeres y personas gestantes, ya que esto anula su dignidad y autonomía.

Finalmente, se resolvió que: i) las disposiciones no se apliquen a las personas que promovieron el juicio, quienes además no deberán ser investigadas, procesadas ni sancionadas bajo los artículos declarados inconstitucionales; ii) que se brinde el servicio a dichas personas de aborto voluntario con una atención de calidad y segura, garantizando al personal de salud el libre ejercicio de su profesión, sin consecuencias legales; iii) implementar capacitación y difusión al personal de salud para que estos servicios se presten con respeto, diligencia y libertad de juicios morales.