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En el proyecto de presupuesto, La Corte refleja los recursos que considera necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones, partiendo de los principios establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como los criterios de política económica emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, la Corte presentó un proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, considerando fundamental que este fuera razonable y austero, enfocado únicamente en contar con los recursos indispensables para asegurar y mantener su operatividad.

Para ello, solicitó un monto 5,922.9 millones de pesos, lo que representaba una disminución del 1.9% respecto al presupuesto del ejercicio fiscal 2024.

Asimismo, en los procesos de planeación y presupuestación 2025 se tomaron en cuenta los siguientes ejes estratégicos generales que reflejan la visión institucional y que guían los esfuerzos a desarrollar por las diferentes áreas y órganos de la institución:

1) Fortalecimiento de la función jurisdiccional. El proyecto de presupuesto de egresos contempló los recursos mínimos para desplegar acciones dirigidas a consolidar la labor jurisdiccional, con procesos de capacitación sólidos y de alta calidad, así como para dotar de la infraestructura e insumos necesarios para atender de forma ágil y oportuna los asuntos que se reciben.

A dichos procesos se suman acciones de apertura institucional para incentivar la colaboración y participación ciudadana. De igual forma, se destinarán recursos mínimos para reforzar las acciones de difusión del quehacer institucional, de divulgación de los criterios de La Corte y los precedentes de la Corte Interamericana, para impulsar la agenda de derechos; así como de promoción de la reflexión y debate entre personas juzgadoras, funcionarias públicas, litigantes, académicas, estudiantes y cualquiera que estuviera interesada en el seguimiento y el estudio de la jurisprudencia y la cultura de la legalidad.

2) Garantía de los derechos humanos. El proyecto de presupuesto de egresos de La Corte consideró recursos para realizar investigaciones, impartir cursos y elaborar materiales educativos y publicaciones, para difundir, divulgar y concienciar a la población sobre cuáles son sus derechos, las herramientas con las que cuentan para su defensa y las obligaciones del Estado para su protección, en diversas materias como el juicio de amparo, derecho de familia, derechos de las personas con discapacidad, derechos de la diversidad sexual, de las personas migrantes, de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de las niñas, los niños y los adolescentes, derechos ambientales, económicos, sociales y culturales, igualdad y derecho antidiscriminatorio, justicia penal, violaciones graves a derechos humanos, herramientas y evidencia científica para acceso más efectivo e igualitario a la justicia, entre otras.

Conforme a la disponibilidad de recursos, se propuso buscar garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, instrumentando medidas que eliminen barreras que dificultan el desarrollo en igualdad de condiciones. Adicionalmente, se dará continuidad a la implementación de acciones concretas para institucionalizar la perspectiva de género en las labores de las áreas y órganos, impulsando la capacitación, sensibilización y profesionalización del personal, la participación en foros, y la difusión en temas de igualdad de género y el respeto a los derechos humanos, con especial énfasis y contundencia en la prevención y atención de casos de violencia por razón de género.

3) Fortalecimiento de la transparencia. El proyecto de presupuesto contempló destinar recursos para la guarda, custodia y conservación de los acervos de La Corte, tanto jurisdiccionales como administrativos, asegurando su preservación y protección con altos estándares de seguridad y funcionalidad, pero, sobre todo, su disponibilidad y accesibilidad con el uso de herramientas tecnológicas. Los alcances de los proyectos y acciones asociadas a estas actividades estarán sujetas a la disponibilidad de recursos para llevarlas a cabo.

Además, se busca impulsar un ejercicio de transparencia proactiva, para que La Corte se conozca más y mejor entre todos los sectores de la población, a través de la socialización de sus resoluciones con enfoque en los efectos que tienen en su vida cotidiana.

4) Reingeniería y mejora de la actividad administrativa. Para la optimización en el uso de los recursos asignados a los procesos administrativos, se inició la implementación de una estrategia de mejora de la gestión administrativa que continuará durante 2025 y que incluye, entre otras acciones, la simplificación de trámites, la automatización y reingeniería de procesos, la revisión y simplificación regulatoria y la incorporación de un enfoque de integralidad y solidez técnica de iniciativas, acciones y proyectos, entre otras.

Asimismo, se consolidarán las acciones administrativas dirigidas a un uso racional y eficaz de los recursos en servicios al personal, adquisición de bienes, contratación de servicios, arrendamientos y administración de inmuebles con disciplina presupuestal.

Con base en lo anterior, La Corte solicitó los siguientes recursos en su proyecto de presupuesto conforme a lo siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025